Comenzó un nuevo juicio por delitos de lesa humanidad en La Plata

Miércoles 18 de diciembre de 2013

Entrevista a Emanuel Lovelli, abogado querellante de Abuelas de Plaza de Mayo.

Infojus Noticias

El miércoles por la mañana comenzó el juicio a quince militares y penitenciarios retirados, y a un ex funcionario civil de la dictadura, por el secuestro y tortura de detenidos en el centro clandestino de detención “La Cacha”. En los crímenes allí ocurridos estuvieron involucrados miembros de la policía, penitenciarios, Fuerzas Armadas y varios órganos de inteligencia.

“Llegamos a esta instancia gracias a la lucha de tantos años de familiares, víctimas y organizaciones de derechos humanos”, afirmó el abogado querellante de Abuelas de Plaza de Mayo en referencia al inicio de este proceso donde quince ex militares y un civil serán juzgados por el secuestro y tortura de detenidos, y la sustracción de tres menores nacidos en cautiverio en el centro clandestino La Cacha, ubicado en las afueras del partido de La Plata.

El abogado analizó la decisión del juez federal que instruyó la causa, Manuel Blanco, quien entendió que era separable la situación de las víctimas del años 1977 con las de 1978 por un supuesto cambio en el funcionamiento del lugar.

“Entonces tenemos situaciones extrañas como que se va a juzgar el secuestro de Laura Carlotto que fue secuestrada en el ´77 y fue asesinada en el ´78 y su hijo nació también 78, y esos dos últimos hechos no van a ser juzgados en este proceso”. También dijo que “tenemos una situación perjudicial porque se va a juzgar privación ilegítima de la libertad, no así la responsabilidad de las fuerzas con respecto a los niños”. Esto es clave por que se cree que, por lo menos en 1977, estuvieron en cautiverio dos niños; por lo que estos casos podrían ingresar en un eventual segundo juicio.

Otra de las falencias que se marca en la intrucción de la causa tiene que ver con las demoras. Además, cabe destacar que es una causa con tres prófugos claves en el proceso: Ricardo Luis Von Kyaw, Teodoro Aníbal Gauto y Miguel Ángel Amigo.

Contra la resistencia a la dictadura

El CCD “La Cacha” fue creado en el marco de una etapa definida del plan sistemático de represión ilegal diseñado por la junta militar y respondió a la necesidad de obtener información precisa para desmantelar los últimos vestigios de resistencia organizada a la dictadura. Funcionó entre mediados del ‘76 y fines del ‘78 en la antigua planta transmisora de Radio Provincia en Olmos, en las calles 197, avenida 53, Ruta Provincial nº 36 y calle 47.

La “Cacha” fue uno de los centros clandestinos de detención más sofisticados de la dictadura, por la coordinación represiva entre policía, penitenciarios, Fuerzas Armadas y varios órganos de inteligencia que actuaron en el lugar.

Según los relatos de algunos sobrevivientes como Ricardo Victorino Molina el nombre “La Cacha” estaba referido al personaje la bruja Cachavacha de la tira “Hijitus”, del dibujante Manuel García Ferré, que en un cínico paralelo utilizado por los represores “hacía desaparecer gente”.

Lovelli explicó que “´La Cacha´ funcionó a 50 metros de la unidad 8 de mujeres y la 1 de hombres, es decir, en un radio de 100 metros había un centro clandestino de detención y dos unidades penitenciarias”.

El abogado de la querella comparó este proceso con el juicio “Circuito Camps” donde hace un año se condenó a prisión perpetua a 16 represores y a otros siete a penas de entre 25 y dos años de cárcel, por los crímenes cometidos durante la dictadura cívico-militar en seis centros clandestinos de detención .

En este caso, no es la Bonaerense la que va a estar sometiéndose a juicio, sino el destacamento 101 del Ejército, que era la fuerza que lideraba la represión en la ciudad y, en particular, en el centro de dentención La Cacha”, puntualizó

Según un informe elaborado por la Asociación de Ex Detenidos- Desaparecidos, por La Cacha pasaron al menos 239 personas, 98 de las cuales fueron desaparecidas, 64 liberadas, de 15 se desconoce el destino, y hubo al menos nueve niños nacidos en cautiverio, muchos de ellos apropiados desde el hospital de la Unidad Penitenciaria Nº8. “El lugar no era una dependencia oficial regular de las fuerzas de seguridad, era un espacio elegido específicamente para tal fin, y eso conlleva que los detenidos no tuvieran legajos o registros de ingreso y egreso”, afirmó.

Aún no hay un estimativo de cuánto tiempo durará el proceso donde se juzgan los hechos allí ocurridos.El juicio se retomara el 5 de febrero en la sede del Tribunal Oral Federal n° 1, en calle 55 e/ 4 y 5. Las audiencias son públicas, para acceder sólo es necesario ser mayor de 14 años y presentar DNI.

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