Entrevista Laurana Malacalza, integrante del Observatorio de Violencia de Género de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires.
La semana pasada se dio a conocer un nuevo informe del Observatorio de Violencia de Género de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. En éste se evaluó en qué medida el Estado provincial cumplió durante éste año con las obligaciones establecidas por ley y si implementa o no las políticas públicas necesarias con tendencia modificar las condiciones que promueven la violencia de género. El documento demostró que la cantidad de denuncias en las Comisarías de la Mujer y de la Familia ha ido en aumento con respecto a años anteriores, sin embargo el acceso de las víctimas a la justicia sigue siendo problemático.
Laurana Malacalza, miembro del Observatorio de Violencia de Género (OVG) de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, afirmó que el aumento de denuncias presentadas por las víctimas se debe "a la violencia de género resulta intolerable, o por lo menos hay menos niveles de tolerancia que antes”. Por otro lado, en diálogo con Rap, afirmó que haber impulsado las Comisarías de la Mujer y de la Familia en toda la provincia y no sólo en el conurbano ha dado también mayores posibilidades para presentar las denuncias. Sin embargo, Laurana dijo que “hay algunas instancias en el proceso judicial que son revictimizantes, y que no son efectivas en resolver una medida de protección en lo inmediato, porque todo el proceso judicial queda en el sostenimiento que la propia víctima tiene que hacer de ese procedimiento”. Esto se debe, afirmó Laurana, a la importante desarticulación entre el ámbito de la justicia y el poder ejecutivo.
El Observatorio de Violencia de Género hace hincapié en la necesariedad de que, una vez hecha la denuncia, sea efectivo el acompañamiento de las víctimas en el proceso judicial. Por otro lado, afirman que es importante la presencia estatal en las víctimas que deben encarar un nuevo proyecto de vida, luego de dejar el lugar de convivencia con el agresor. Laurana asegura que “cuando se denuncia no es que se denuncia al agresor sólo el términos de maltrato físicos sino en todo el menosprecio, en toda la desvalorización de la mujer, por eso es un proceso que tiene que estar acompañado por distintas instancias del Estado para trabajar por su propia salud psicológica y mental y generar de alguna manera un nuevo proyecto de vida”. Según Laurana, la mayoría de las denuncias realizadas son por maltrato físico, psicológico y verbal, y que “la violencia que no es física forma parte del maltrato invisibilidad que va generando relaciones de mucha sumisión, sobre todo en las relaciones personales, y eso, por eso es para nosotros tan importante el acompañamiento pos denuncia”.
El contenido del informe
En el informe la problemática de la violencia de género se evaluó desde diferentes aspectos. Con respecto al acceso a la justicia se hizo hincapié en la falencia en materia de prevención y promoción de derechos, debido a la falta de información con la que cuentan muchas mujeres sobre cómo acceder a instancias de protección. Además se remarcó la revictimización que sufren las víctimas una vez presentada la denuncia durante el proceso judicial, como por ejemplo, la realización de audiencias en dónde son citados la víctima y el agresor en el mismo momento. Y también la dificultad de sostener el proceso judicial debido a que las víctimas deben concurrir muchas veces a los tribunales y por razones como no tener lugar a donde dejar a los hijos o por el costo del transporte o por la lejanía de los mismos, se torna problemático.
Por otro lado, el OVG realizó un relevamiento sobre la violencia institucional desde un enfoque de género. Éste puso el ojo principalmente en los efectos particulares que produce la prisión preventiva. Aseguran que en los últimos años se observa un incremento de la población femenina en las cárceles bonaerenses. Mientras que para 2007 representaban menos del 3% del total de la población penitenciaria, para 2009 representaban el 4.51% y en marzo de 2011 eran el 4,46%.
El observatorio se muestra alarmado ante el aumento de mujeres detenidas en las cárceles bonaerenses a partir de la aplicación de la ley Nº 23.737 en el fuero provincial. Afirman que la aplicación de los tipos penales enmarcados en esta legislación se traduce en un incremento significativo de la criminalización de mujeres pobres imputadas por el delito de tenencia simple de estupefacientes; facilitación gratuita de estupefacientes y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, según lo establece ley 23.737. Según datos provistos por la Procuración General, entre el año2011 y 2012 se iniciaron 2.211causas a mujeres por estos delitos. También resaltaron en el informe la violación de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, violencia obstétrica y políticas públicas. La Ley Nacional 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, define como una modalidad de violencia contra las mujeres a la violencia obstétrica.
En el relevamiento realizado en los hospitales públicos, OVG afirma haber identificado diferentes tipos de falencias en la atención de las mujeres en el ámbito de la salud, específicamente en la atención ginecológica y obstétrica. Remarcaron la falta de un procedimiento que institucionalice las denuncias en caso de este tipo de violencia y la inexistencia de pautas de actuación que garanticen una atención adecuada a las mujeres con un aborto y/o post aborto en curso, como por ejemplo la contención psicológica que requiere dicha situación. Además, resaltaron la falta de información por parte de los/as efectores de salud de los instrumentos técnicos que deben utilizar en el caso de atención aborto y post aborto y la inexistencia de documentos de consentimiento informado para las pacientes, en el que se las ponga en conocimiento de las prácticas que se van a realizar y las consecuencias de las mismas.
El observatorio
Es el tercer año que el observatorio viene realizando este trabajo, fue creado a fines del 2010 por la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires. Está integrado por un equipo interdisciplinario de amplia formación y trayectoria en cuestiones de género e investigación. Mediante la creación del OVG, el Defensor del Pueblo pretende monitorear e incidir en la formulación de políticas públicas eficaces para la prevención, sanción y erradicación de la violencia de género.
