“Los chicos son los primeros que sufren las catástrofes”

Lunes 11 de noviembre de 2013

Entrevista a Carola Bianco, coordinadora delPrograma de Niñez, Derechos Humanos y Políticas Públicas de la Facultad de Derecho (UNLP).
 
El Programa de Niñez, Derechos Humanos y Políticas Públicas -perteneciente a la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la UNLP- dio a conocer un informe que demuestra que el incumplimiento del Sistema de Promoción y Protección Integral de los Derechos del Niño (ley 13.298) por parte de la Provincia y el Municipio “profundizó los efectos de la inundación del pasado 2 de abril en el partido de La Plata”. El documento formula críticas hacia la problemática habitacional, distribución discrecional de la mercadería, funciones represivas desempeñadas por las fuerzas de seguridad y el deficiente servicio público de salud y educación.


    La Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la UNLP, a través de su Programa de Niñez, Derechos Humanos y Políticas Públicas, dio a conocer recientemente un informe titulado “Los niños primero… cuando el agua sube más de un metro y medio”, que demuestra que el incumplimiento del Sistema de Promoción y Protección Integral de los Derechos del Niño (ley 13.298) por parte de la Provincia y el Municipio “profundizó los efectos de la inundación del pasado 2 de abril en el partido de La Plata”.
    
“Cuando hay niños implicados, las dificultades de acceso a derechos elementales como salud, educación, vivienda y trabajo genera daños irreparables”, explicó en Comunidad al Palo! Carola Bianco, una de las realizadoras del informe, al tiempo que agregó que existe una “clara discriminación” en materia de políticas públicas en relación con los sectores más vulnerables: “Hay una gran cantidad de pibes en los barrios que no acceden a esos derechos y los que están en situación de calle, mucho menos”.
Bianco comentó que el informe no cumple sólo una función de denuncia sino que también tiene un carácter informativo porque “el cambio tiene que venir de la exigencia”. “La mayoría de las personas no conoce bien en qué situación están muchos pibes ni qué cosas tendrían que hacerse; en la medida en que sepamos a quiénes recurrir, al Estado se le va a hacer más difícil no cumplir con sus obligaciones”, sostuvo. 
La abogada también remarcó que “siendo parte de la Universidad somos parte del Estado, y tenemos una responsabilidad clara con los chicos”; por eso “teníamos que construir algo que nos permitiera denunciar de manera seria lo que veníamos viendo”.
Los organismos provinciales
El Programa de Niñez fue muy crítico en sus conclusiones respecto del desempeño de los organismos provinciales creados para efectivizar políticas públicas en materia de acceso a derechos elementales en los barrios, como el caso de los Servicios Locales. La ley 13.298 establece en sus artículos 18 y 19 que son “órganos desconcentrados” que deben “ejecutar los programas, planes, servicios y toda otra acción que tienda a prevenir, asistir, proteger, y/o restablecer los derechos del niño”.
El informe sostiene que “en los últimos 5 años se han creado ocho Servicios Locales” pero que “no cuentan con la infraestructura, presupuesto ni recursos humanos necesarios para funcionar correctamente”. “Las organizaciones barriales tuvieron que ocupar lugares que le correspondían al Estado; si los Servicios Locales hubiera estado presentes hubiera habido una rápida organización para evitar tantos pibes fueran afectados. Figuran en los expedientes, pero en esta inundación ni aparecieron”, afirmó Bianco. Asimismo, explicó “los chicos son los primeros que sufren en las catástrofes”, por lo que estas unidades “tienen que montar una estrategia barrial con la salita, la escuela y la familia”.
La semana siguiente al temporal, los integrantes del Programa de Niñezsolicitaron a los Servicios Locales informes sobre el trabajo que realizan en los barrios, pero “hasta ahora no nos ha llegado ninguna información”.
Otro “organismo clave” es la Comisión Interministerial, prevista en el artículo 23 del SPPDN, ya que “tiene que impulsar una política articulada entre distintos Ministerios” para, según lo indica la normativa, “asegurar el goce pleno de los derechos del niño”. Debe estar integrada por los Ministerios de Desarrollo Humano, Gobierno, Justicia, Seguridad, Producción, Salud, Trabajo y Educación y por las Secretarías de Derechos Humanos, Deporte y Turismo. Bianco consideró que los derechos humanos son “interdependientes” porque “si violás uno, violás el resto” y denunció que este organismo “sólo existe formalmente”.
La judicialización de la problemática
El 22 de mayo de 2012, el juez en lo Contencioso Administrativo N° 1, Luis Federico Arias, dictó sentencia “condenando a la Provincia de Buenos Aires y a la Municipalidad de La Plata a que, dentro del plazo de 6 (seis) meses, procedan a realizar todas las acciones necesarias para la implementación efectiva” del SPPDN, algo que finalmente no ocurrió. Los realizadores del informe le pidieron al juez Arias, a través de un incidente de ejecución de sentencia, que se ejecute la parte firme del fallo, es decir, que se ponga en marcha aquella normativa.
Por otra parte, el martes 10 de septiembre de este año más de 50 organizaciones que conforman redes de hogares presentaron en la Justicia provincial –con el patrocinio de Bianco– una demanda contenciosa administrativa para que el Ejecutivo cumpla con el pago de becas a organizaciones que trabajan con la problemática de la niñez y remueva los obstáculos que les impiden a los niños, niñas y adolescentes acceder a sus derechos.
Sobre esta estrategia de llevar a la Justicia la problemática de la niñez, Bianco subrayó que “judicializamos cuando el Estado no cumple con una política pública para las personas con mayor nivel de vulnerabilidad y cuando hay chicos de por medio; ahí el Estado está obligado y no puede decir jamás que no tiene fondos, porque si tiene un recurso lo debe usar para eso”.
Otras conclusiones

Además de cuestionar duramente la tarea del Ejecutivo Provincial en materia de niñez, el informe también formuló críticas hacia la problemática habitacional de la ciudad, la distribución discrecional de la mercadería en los barrios a través de los punteros políticos, las funciones represivas desempeñadas por las fuerzas de seguridad y el deficiente servicio público de salud y educación.

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