Dora de la Corriente Villera Independiente cuenta a Rap a la Mañana la situación de los barrios de la Ciudad de Buenos Aires. Señalan al gobierno nacional y municipal de no discutir la problemática de fondo de la necesidad de la urbanización de las villas. En el caso de la 31 y 31 bis denuncian que se realizaron desalojos y se dieron situaciones de amenazas y violencia física.
La Corriente Villera Independiente nuclea a alrededor de 17 barrios de la Capital Federal. “Así generamos una herramienta política para pelear por las diferentes necesidades de los compañeros y compañeras de cada una de las villas” explica Dora.
La organización reclama por la urbanización de las villas y por los derechos de quienes viven en ellas. La integrante de la Corriente agrega “cuando uno reclama porque no tiene luz te dicen que uno no paga; así te hacen ver que no perteneces a la sociedad en la que vivís".
En la Villa 31 y 31 bis se realizaron desalojos de 27 viviendas para construir una ramificación del ferrocarril para conectar el puerto con Retiro. Según Dora, el día del desalojo se hicieron presentes personal de la Secretaría de Hábitat e Inclusión de la ciudad de Buenos Aires, personal policial acompañados de algunos punteros del barrio, pero no hubo ninguna autoridad ni funcionario a quien exigirle respuestas concretas. Además otras siete familias, fueron sujeto de improperios tales como señalarles que en el caso de no ser desalojadas vivirían entre el muro de la autopista -ya construido- y el muro que los separaría del ramal del ferrocarril. Una situación similar sufren los vecinos y vecinas de Lugano.
En este caso los intereses, según cuenta Dora, provienen de empresas privadas de la construcción. Los territorios en cuestión “eran un cementerio de autos, el proyecto era que se limpiara y que se construyan las viviendas de los vecinos, también iban a urbanizarlo; ahora se encuentran que esas tierras son vendidas a intereses ajenos a los vecinos”.
Por otro lado, había sido aprobada una ley para la urbanización de las Villa 31 y 31 bis hace dos años. Sin embargo nunca se ejecutó. Dora cuenta que los funcionarios alegan que “no se dio lectura al dictamen” y que falta agregar un anexo que contendría la posibilidad de mudar a algunos vecinos a 40 km de su lugar de residencia. Esto habilitaría al gobierno a trasladar a las familias, lo cual estaba prohibido en la ley original, la cual preveía que no se mudara la vivienda a más de cien metros.
