Jueves 17 de octubre de 2013
Entrevista a Horacio Cecchi.
En diciembre de 2011, en una de sus visitas de monitoreo por las cárceles, la Comisión Provincial por la Memoria detectó que una mujer detenida en la Unidad Penal 33 de Los Hornos no comprendía claramente el castellano. Desde noviembre de 2010, Reina Maraz Bejarano estaba detenida sin posibilidad de comunicarse, ya que en la Justicia bonaerense no había intérpretes del quechua, su lengua de origen.
“Si salimos de la historia de ella en particular, esta historia representa una vulneración no sólo por no tener intérprete, sino por la importancia que le da la Justicia a determinadas cuestiones, y la nula importancia que le da a otras”, declaró el periodista de Página/12, Horacio Cecchi, en comunicación con Rap.
Reina nació en Avichuca, una comunidad Kichwua de Bolivia, cuya lengua es el quechua. Hacía ocho meses que vivía en Argentina, en la localidad de Florencio Varela, cuando fue detenida acusada de homicidio agravado. Recién después de un año accedió a una intérprete, luego de que la Comisión Provincial por la Memoria detectó e intervino en el caso. Entonces, Reina pudo comenzar a contar su historia. Si bien ella sabía lo que había hecho, hasta entonces no podía explicar la trama compleja detrás de lo ocurrido. Tampoco los jueces podían conocer su testimonio. “Ella entiende algunas palabras del español, pero esto que estoy diciendo yo, en este ritmo, no lo entendería”, graficó el periodista.
En tanto, la intérprete Frida Rojas no intervenía en las actuaciones judiciales ya que no estaba reconocida oficialmente. La Comisión tuvo que llegar a la Suprema Corte de Justicia para que se ponga en marcha un registro de lenguas originarias y, recién en septiembre de este año, Rojas fue reconocida en el registro oficial. El 5 de septiembre pasado la experta puedo participar en la audiencia, explicar y entender lo que pasaba. En la última audiencia, Reina no declaró por una cuestión de estrategia de la Defensa, pero declararía a mediados de marzo de 2014.
Cabe aclarar que uno de los derechos básicos de las acusadas y acusados en un proceso penal es entender aquello que se les imputa. No obstante, en la Justicia sólo hay intérpretes para los idiomas francés, inglés y portugués. “Si esta mujer era francesa hubieran conseguido una intérprete, tiene que ver con la mirada sesgada de la justicia”, declaró Cecchi. Paralelamente, la Comisión Provincial por la Memoria también presentó un pedido para que se estableciera un registro de lenguas originarias, bajo la supervisión de la propia Corte.
No es un caso aislado
Un Informe elaborado por el CELS, el Ministerio Público de la Defensa de la Nación y la Procuración Penitenciaria de la Nación, sobre las mujeres detenidas en establecimientos del Servicio Penitenciario Federal, da cuenta de que el caso de Reina no es un caso aislado. En efecto, el español no era el idioma de origen de muchas de las mujeres extranjeras presas encuestadas para realizar el informe. Algunas, directamente no tenían ningún conocimiento de español.
Si bien el estudio aborda el Sistema Penitenciario Federal, y Reina está detenida en una Unidad del Bonaerense, el mismo sirve para tomar dimensión de la problemática. En “Mujeres en prisión. Los alcances del castigo”, se muestra que en los últimos años la población carcelaria de mujeres extranjeras creció de forma sostenida. De las 148 mujeres encuestadas, 71 eran extranjeras. Las nacionalidades más representativas eran la boliviana, peruana y la paraguaya. De las extranjeras, 16 no tenían al español como lengua de origen y 5 declararon no tener ningún conocimiento del español.
“La cuestión del idioma tiene consecuencias directas en la vida en prisión”, afirma el estudio. “Para estas mujeres, la ejecución de la pena implica asimismo una discriminación que tiene su propia especificidad: restricción de derechos y desigualdades de trato. Estas desigualdades se manifiestan no sólo en la vida cotidiana de la cárcel, sino también en los trámites judiciales, en la medida en que no existen traductores, ni se han traducido a diferentes idiomas los documentos básicos referidos a la aplicación y ejecución de la pena. Por esta razón, en incremento de la población carcelaria no hispano-parlante obliga al Estado a reflexionar sobre la importancia de contar con personal idóneo para comunicarse con ellas, a fin de evitar el incremento del poder sancionador”.
