Entrevista a Azucena Racosta, coordinadora de la Asociación Civil “La Cantora”.
El pasado domingo, un grupo de detenidos de la unidad penal de Almafuerte, Mendoza, realizó un motín que duró más de 20 horas con seis guardias penitenciarios tomados como rehenes. La acción fue llevada a cabo en reclamo de reformas legislativas del sistema penal; de modificación de las condiciones materiales de vida en los penales mendocinos; y de eliminación de los mecanismos de aislamiento total que la cárcel institucionaliza como forma de castigo arbitrario.
Solo uno de los pedidos, presentados mediante un petitorio, fue atendido por el Gobierno provincial: el traslado de los amotinados al anexo San Felipe de la Penitenciaría de Mendoza, el mismo lugar que fue denunciado en febrero por torturas y vejaciones corporales, que se difundieron con imágenes tomadas por los mismos detenidos ante las golpizas de los penitenciarios.
En comunicación con RAP, Azucena Racosta, coordinadora de la Asociación Civil “La Cantora”, señaló que la situación del sistema penal de Mendoza es la misma que en el resto de los sistemas provinciales y federal. “Se trata de lo que hemos llamado el negocio penitenciario, un enorme aparato de corrupción en el cual todas sus partes (alimentos, medicamentos, pertenencias de los detenidos) pueden ser objeto de negociados”, afirmó Racosta, quien agregó que “la sociedad ha naturalizado las relaciones clientelares (…) La cárcel es la muerte porque es el límite que una persona puede tolerar. Quien cruza el ‘muro’, inicia inmediatamente una lucha denodada por la libertad”.
Asimismo, la coordinadora de La Cantora afirmó que el ocultamiento de las condiciones de vida en las cárceles y los pedidos de mayor actuación de los organismos de seguridad responden a una cuestión de clases: “Se dice que los sujetos peligrosos son los que están en esos lugares, pero los que están en esos lugares son los pobres, no los delincuentes. La gente que está presa no cometió grandes delitos”.
