El juez federal Adrián González Charvay todavía no dispuso ninguna orden, a una semana de un nuevo pedido de cautelares “urgentes” en resguardo de los 200 niños y sus familiares que están expuestos a venenos cancerígenos en las granjas de la firma Nuestra Huella, donde, tal como se demuestra en horas de video entregadas a la justicia, vivía y trabajaba Ezequiel Ferreyra, quien murió el 16 de noviembre pasado.
El viernes 19, representantes de la Fundación Alameda y del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) solicitaron que “se proceda a la intervención judicial de la empresa, con expresa prohibición del empleo de plaguicidas y tóxicos que no respeten las normas de bioseguridad, se realice un relevamiento de las personas que habitan en todas las granjas afectadas a la producción avícola”, que se efectúen “estudios médico legales”, en especial a “mujeres y niños, a los fines de determinar su posible intoxicación por contaminantes, y se arbitren las medidas necesarias para hacer cesar el origen del foco contaminante”.
En comunicacion con RAP, Gustavo Vera presidente de La Alameda señalo que "en el día de hoy, se realizaron 14 allanamientos, relevando trabajadores y secuestrando agrotóxicos". Además señaló que "contra la empresa Nuestra Huella hay dos causas, y una esta totalmente paralizada por complicidades del poder judicial, la empresa sigue trabajando normalmente hasta el día de hoy".
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