Organizaciones de derechos humanos presentaron un documento dirigido a Santiago Olivera, flamante obispo de las fuerzas armadas, en la que solicitan la desclasificación de los archivos del Obispado Castrense durante la dictadura.

Ariel Lede, periodista y autor del libro “Profeta del genocidio”, expresó al aire de RAP la relevancia de este nombramiento y la consecuente presión de parte de los organismos: “Significa que alguien con jerarquía de obispo asume responsabilidades que hasta el momento las cumplía un administrador temporario, que no es sacerdote, ahora hay una figura que la Iglesia reconoce como autoridad que es el obispo, sobre el cual van a caer las exigencias de la sociedad civil y en este caso, el documento sintetiza muy bien, desde el ámbito de los derechos humanos, cuales son algunas de las exigencias“.

La idea de la complicidad ya está caduca, ha quedado muy corta, si bien en la apertura de los juicios a las juntas y la reapertura de los juicios en la década de 2000, fue útil porque es una idea que ha generado más consenso de que la iglesia fue cómplice, la documentación a la que hemos podido acceder da cuenta de que la intervención de la iglesia en el terrorismo de estado ha sido una participación activa y necesaria, sin la iglesia, el terrorismo de estado no hubiese sido lo que fue, la idea fundamental es que la última dictadura fue cívico-militar y también fue eclesiástica porque fue uno de los factores que la hicieron posible“, concluyó Lede respecto al rol de la iglesia durante el proceso que se inició con el golpe de Estado de 1976.

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