El Senado aprobó el proyecto de ley para eliminar la libertad condicional en distintos tipos de delitos. Impulsado por el Gobierno Nacional, la norma que con reformas regresa a Diputados “propone una política para la muerte y el castigo y no para la vida”, aseguró en Cacodelphia, María Medrano, integrante fundadora de la Asociación Civil “Yo no fui”.

“La cárcel no es ninguna solución para los temas de seguridad, más cárcel no es más seguridad, es más violencia”, afirman desde la organización que trabaja en proyectos artísticos y productivos con mujeres privadas de libertad, con quienes tienen salidas transitorias o con aquellas que ya han recuperado su libertad.

La modificación a la Ley 24.660, que regula la ejecución de la pena privativa de la libertad, está atravesada por esa lógica de “más cárceles igual a más seguridad” y fue presentada en los medios como la solución al caso de Micaela García. “Ese femicidio –aseguró Medrano- realmente no tiene nada que ver con esta reforma, porque ni siquiera es una norma que hable específicamente de delitos de violación, sino que se refiere fundamentalmente a delitos contra la propiedad, delitos por los cuales esta presa la mayor cantidad de gente en nuestro país”.

“La cárcel es un lugar violento, que produce y reproduce violencia y de ninguna manera allí se puede re socializar a nadie” dijo y agregó que “no hay políticas ni presupuesto del Estado, para laburar en serio con aquellos que han cometido delitos y están cumpliendo su condena. Tampoco hay política penitenciaria ni pos penitenciaria, una persona sale de la cárcel y en el afuera no hay nada de nada”.

“El sistema, no te prepara para tener una vida en libertad y con éxito, sino lo que pretende es seguir manteniendo la clientela”. Evidentemente, aseguró Medrano, “la cárcel debe ser un gran negocio que todavía tiene mucho para dar y es mejor entonces, que se mantengan llenas”.

“Las cárceles deben dejar de ser puertas giratorias”, dijo Mauricio Macri y reclamo la sanción de la ley para que los condenados por delitos graves cumplan toda la pena. Según el Presidente, “menos de tres de los mil que cometen delito cumplen condenas”. Al respecto María Medrano, señaló que eso “es una gran mentira que han tomado los medios y que tuvo mucho resultado”. La realidad, muestra que en nuestro país “el que sale, sale por arreglo de dinero o con la policía, los pobres, que son la mayoría, cumplen la condena en la cárcel como dice la ley”.

La educación como herramienta de inclusión

Un estudio realizado por la Facultad de Derecho de la UBA y la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) reveló que un 84% de las personas privadas de su libertad que accedieron a la educación “no volvió a ser encontrado culpable de cometer nuevos hechos ilícitos”. Es decir que, según destaca el informe, “8 de cada 10 graduados del Programa no han vuelto a ser condenados”.

La modificación de la Ley 24.660 para María Medrano “pone en igualdad de condiciones a quienes estudian y se forman, con quienes están todo el día en cualquiera”. Entonces, explicó, “hagas lo que hagas, para la Ley da lo mismo, se te va a tratar de la misma manera”.

Sobre la falta de políticas publicas para la inclusión, Medrano, indicó, que “desde hace 15 años, muchas mujeres pasaron por nuestros espacios y que de esas mujeres, solo dos regresaron a la cárcel”. Por eso, dijo, desde hace muchos años “proponemos que el Estado, en lugar de seguir castigando, reprimiendo y quitando oportunidades, amplifique estos espacios que hay dentro de las cárceles. Estamos seguras que si a éstos espacios tuvieran acceso la mayoría de las personas que están privadas de su libertad, muy distinta sería la realidad. Y sería muy distinto también el egreso del penal y la manera en que las personas afrontan la libertad. Porque esta posibilidad de estar en contacto con organizaciones tanto adentro como afuera, les permite tejer otras redes y otros circuitos por donde circular y armarse de otras alternativas”.

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