Así lo sostuvo la titular del gremio de docentes universitarios de Jujuy, Liliana Louys, luego de la detención ilegal de dos estudiantes dentro de un predio de la universidad.

La policía de la provincia de Jujuy ingresó ilegalmente al predio de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Jujuy y detuvo al presidente del Centro de Estudiantes, Joaquín Quispe, junto a otro estudiante.

Los dos jóvenes que pasaron la noche en la comisaria, fueron liberados la mañana del jueves. Después de eso, los militantes realizaron la denuncia por detención ilegal, ya que la policía violó el artículo 31 de la Ley de Educación Superior que establece que ninguna fuerza pública puede ingresar a la universidad nacional sin la orden de un juez o por pedido de la autoridad universitaria.

Cuando el decano de la Facultad reclamó dicha orden judicial, la oficial a cargo le dijo que la misma no existía porque habían actuado por una contravención.

En comunicación con Rap Todo Terreno, Liliana Louys, Secretaria General de la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Jujuy (ADIUNJu), dijo que “esto no es un hecho aislado, en Jujuy se viene usando el código contravencional como elemento de intimidación, de limitación, de criminalización. El código contravencional tiene un juez puesto por el poder ejecutivo, que se toma atribuciones de proscribir dirigentes, de poner multas millonarias a sindicatos.”

Mañana habrá una reunión de la Federación de Estudiantes Universitarios de Jujuy para repudiar el accionar de la policía, al igual que lo hizo toda la comunidad educativa de la Universidad.

Más violaciones a los derechos

Louys contó que “a la mañana siguiente, le negaron al abogado de la Universidad que uno de los estudiantes estuviera ahí detenido. Finalmente, el joven apareció cuando el abogado se comunicó con el Ministro de Seguridad de la provincia.”

También mencionó que “cuando la policía emitió el parte de prensa contando lo que había pasado, mintió porque dice que la policía hizo comparecer a los dos jóvenes en la calle.”

Cabe recordar que la situación de violación a los derechos humanos en la provincia ameritó una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la que estuvieron presentes dirigentes gremiales del Ingenio Azucarero Ledesma y de organismos de derechos humanos.

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