Dilma_TemerLa periodista Telma Luzzani se refirió a la posibilidad de que Dilma Rousseff sea apartada de la presidencia y la remplace su vicepresidente opositor, Michel Temer. Resaltó que a pesar de presentarse la acusación como un caso de corrupción, se trata de una usual maniobra económica de carácter administrativa.
No hay acusaciones de corrupción contra la presidenta de Brasil, a pesar de que así se presenta en la cobertura mediática, el proceso para que sea apartada del cargo. La denuncia es por “pedalada fiscal”, como se llama en Brasil a medidas tendientes a “maquillar las cuentas públicas”. De esta manera, se le inculpa haber tomado fondos de bancos nacionales de Brasil, para que las rendiciones presentadas al congreso, sean coherentes con el presupuesto aprobado.

A pesar de que se encuentra en discusión si las responsabilidades por dicha maniobra corresponden a Dilma o a funcionarios de la cartera de economía, e incluso a pesar del hecho de que la misma fue realizada por gobiernos anteriores, el proceso toma estado público como caso de corrupción. Según Luzzani, esto se produce por los intereses de los grandes medios de Brasil, que presentan “títulos mediáticos mentirosos”. Para la periodista, se trata de un golpe de Estado que además de los intereses de la oposición y los medios, cuenta con el apoyo de sectores industriales.

Tras la votación a favor de la Cámara de Diputados del impeachment, el proceso contra la presidenta continúa el 11 de mayo. Ese día votará una comisión de senadores si apoya la resolución de Diputados. En caso afirmativo, Dilma será apartará de la presidencia por un plazo máximo de 180 días. En aquella instancia, el Senado de Brasil deberá definir si la destitución es permanente.

Sin embargo, para Luzzani, es difícil pronosticar la situación de Brasil para el día que probablemente se discuta un apartamiento definitivo de Dilma. Remarca que sindicatos, movimientos sociales y estudiantiles, se encuentran fuertemente movilizados ante la posibilidad de la destitución. A su vez, en la sesión de la ONU realizada el viernes, la presidenta señaló que en caso de que avance el juicio político recurrirá a la “cláusula democrática”. La misma implica sanciones internacionales a países donde se produzca una “ruptura del orden democrático”.

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