La Madre de Plaza de Mayo, Adelina Dematti de Alaye, visitó los estudios de Radio Futura donde contó cómo comenzó la investigación sobre el rol clave de los “médicos policías” en la última dictadura cívico militar, cuya intervención permitió hacer pasar por NN a decenas de asesinados. En una audiencia por el juicio por La Cacha, Adelina señaló a Pérez Albizu, vicedecano de Medicina hasta el 11 de marzo pasado, como uno de los máximos responsables.


Ya le habían dado el dato de que su hijo había desaparecido el 5 de mayo de 1977 y que había sido llevado al centro clandestino La Cacha. En la búsqueda de mayores certezas Adelina Dematti de Alaye, madre de Carlos Alaye y luego Madre de Plaza de Mayo, se encontró con certificados de defunción truchos, firmados por al menos 21 médicos de la morgue platense.

Carlos era militante de Montoneros y tenía 21 años cuando fue secuestrado en Ensenada. Estaba casado con Inés Ramos y la hija de ambos, Florencia, nació tras su desaparición. “Yo ya tenía un certificado NN, de una mujer y un hombre desaparecido el 5 de mayo a la noche. Un abogado me dijo que era probable que pudiera ser mi hijo. Eso de la fecha me da la posibilidad de que investigue todo el libro porque podía aportar al juicio por lo de mi hijo”, contó Adelina.

Adelina se refiere al único libro -de los 24 que la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Plata entregó en los juicios por la Verdad en los ´90- que perduró tras la reapertura de los juicios de lesa humanidad en 2003. El resto fue incinerado. Al revisarlo, “nos empezamos a encontrar cosas que no nos imaginamos”.

“Cada tanto había un enfrentamiento, eso era público, se ponía el nombre del asesinado en el diario, pero en el certificado ponen NN. Los enfrentamientos se publicitan para hacernos callar a todos, pero después, el médico hacía el certificado y estaba todo legal. Si no hubiera estado ese enlace -es una apreciación mía- hubiera muerto mucho menos gente”, reflexionó Adelina.

La denuncia por lo ocurrido en el cementerio con los cuerpos de las víctimas de la dictadura, debió sortear numerosos obstáculos y pasaron largos años antes de ser tenida en cuenta. “Cuando se hace el juicio a la Junta, porque nosotros lo iniciamos cuando todavía estaba la dictadura, pedimos no innovar en el cementerio de La Plata sobre aproximadamente 400 tumbas. Empezaron a trabajar pero con dilaciones. Mandan todo para el juicio de las Juntas pero no se toma., entonces devolvieron los libros”, contó Adelina.

Luego vendrían las leyes de Obediencia de Vida y Punto Final, que paralizaron cualquier investigación. “Con mucho criterio los abogados de la APDH dijeron vamos a pedir el juicio por la Verdad, que no tenían pena ni nada, pero si se encontraba un delito se podía pasar a enjuiciar”, dijo. “En los juicios de la Verdad siempre se hablaba mucho de los libros de la morgue, que eran los 24 libros que entregamos desde la APDH La Plata”. Adelina agregó que “eso es lo que paso con los médicos, incluso hay un médico que se lo manda a juicio por falso testimonio. Pero pasaron diez años y no pasó nada”.

37 años después

La Madre de Plaza de Mayo contó que cuando vio la requisitoria del juzgado nº 1, a cargo de Manuel Blanco, para que se establezca el juicio oral por La Cacha se indignó. La causa estaba fraccionada y no incluía la causa por lo ocurrido en el cementerio, que llevaba diez años en el juzgado y que apuntaba a la responsabilidad de los “médicos policías”. Sin embargo, un amigo la convenció para que siga. “Me dijo por qué no agarras el librito verde -que era una publicación con todo lo que yo había preparado. Y me entusiasme”, admitió.

El juicio por los crímenes de lesa humanidad ocurridos en el CCD La Cacha, que funcionó a metros del penal de Olmos bajo la órbita del Servicio de Inteligencia del Ejército, comenzó el 18 de diciembre de 2013. En el mismo, se investigan las responsabilidades de los espías civiles que trabajaron para ese Servicio.

Albizu, ex vicedecano de la Facultad de Ciencias Médicas

A fines de febrero, Adelina finalmente declaró ante el Tribunal Oral Federal nº1 en una de las audiencias del juicio por La Cacha. Denunció a 21 médicos que habían firmado certificados de personas asesinadas por la dictadura, en los que aparecían como NN. Nueve de esos certificados NN están firmados por quien hasta el 11 de marzo era vicedecano de Medicina: Enrique Pérez Albizu.

Albizu no sólo era el jefe, dijo Adelina, “sino que era quien firmaba el libro de actas médico, que es el máximo responsable porque él ve en qué estado están los cuerpos que recibe y es quien va a indicar si hay que hacer una autopsia”. “El 90 por ciento de los NN son por lesiones traumáticas en la cabeza, si están en un enfrentamiento y a todos les pegan en la cabeza, no es creíble que tengan tan buena puntería”, concluyó.

Luego de la declaración de Adelina, el Consejo Superior de la UNLP decidió por unanimidad la exoneración  inmediata de todos los cargos docentes y como funcionario académico de Pérez Albizu. También, se expidieron por el inicio de un juicio académico y de acciones legales correspondientes a investigarlo por su accionar durante la última dictadura.

“Yo llego a la conclusión, de que el eslabón que necesitaba la dictadura para matar a todos los que mató era el cementerio. La dictadura necesitaba un mecanismo para hacer desaparecer a la gente”, expresó Adelina Alaye.

Publicar una respuesta

  • (no se publicará)